25 días de bloqueo para 17 días de uso

Justicia para Margarita ·

Para admitirme como querellante, el fiscal Rozas me rechazó dos veces, discutió con la jueza, apeló y esperó una evaluación psiquiátrica: 25 días. Una vez admitido, archivó la causa a los 17 días, cuatro horas después de confirmarle al abogado que su cliente era parte.

Lo que pide la ley para ser querellante

El Código Procesal Penal de la Ciudad (Ley 2303, texto que citan las resoluciones de 2020):
El artículo no habla de la salud mental del querellante. El vínculo con la víctima se acreditó con la partida de nacimiento.

25 días de bloqueo

La denuncia contra Rozas y el mail de Diletto

El 11 de junio denuncié a Rozas por no investigar lo ocurrido con mi madre (DEN 641840). Cinco días después, el 16 de junio, Rozas reenvió a Branca un mensaje atribuido a la médica Graciela Diletto. Allí se sugería una evaluación psiquiátrica mía.
El texto del mensaje reenviado lleva fecha 10 de junio, anterior a la denuncia. Pero esa fecha figura dentro del cuerpo del reenvío: la copia disponible no permite comprobar cuándo Diletto lo escribió ni cuándo lo recibió Rozas. El 16 de junio es la fecha del reenvío incorporado; el 18, Rozas citó la sugerencia de Diletto y otras constancias al ordenar la evaluación que usó para rechazar la querella.
El informe de Peretti también sugiere evaluarme. El PDF declara una fecha de creación del 6 de junio, pero eso no determina por sí solo cuándo se escribió cada parte de su contenido. El 9 de junio Rozas pidió por teléfono entrevistar a médicos sobre mi conducta. La secuencia completa está en El mail de Diletto. La fecha de incorporación del correo, por sí sola, no demuestra que se haya redactado después de la denuncia ni que Rozas conociera la denuncia cuando ordenó la evaluación.

Todo para no aceptarme como querellante

El 23 de junio, Rozas reconoció que el escrito ya era legible y que se había aportado una fotografía de la partida de nacimiento. Aun así, rechazó la querella hasta tener una conclusión médica sobre mí. Dijo que esa precaución era también «para la propia protección del presentante».
La jueza Cristina Lara le devolvió las actuaciones. El 29 de junio explicó que el fiscal no se había pronunciado sobre el vínculo con la víctima, que la capacidad civil no determinaba la legitimación para querellar y que la evaluación no podía usarse como motivo para rechazar la petición. Al mismo tiempo, consideró «entendible y necesario» el propósito de evaluar su capacidad; no aceptó la intervención judicial que Rozas le pedía y devolvió otra vez el expediente.
Rozas no se limitó a esperar el informe. El 26 de junio discutió con Lara y sostuvo que la capacidad debía analizarse antes que la legitimación. El 29 presentó una reposición con apelación en subsidio: pidió que la jueza decidiera aceptar o rechazar la querella y, si no compartía su postura, que interviniera la Cámara de Apelaciones. En ese recurso reafirmó que él había rechazado la petición por una cuestión previa de capacidad civil.
El 13 de julio, después de recibir los informes, Rozas admitió la querella y declaró abstracto su recurso. Diecisiete días después archivó la denuncia y, en esa misma resolución, me llamó «el denunciante -y querellante-» y usó la evaluación para caracterizarme. El archivo no cuenta las gestiones que el propio fiscal había hecho para impedir su ingreso como querellante.

17 días de uso

Desde el 12 de mayo estaba ordenado entrevistarme para que «aporte toda la documentación y estudios que posea». Nunca se hizo, ni antes ni después de que fuera querellante.

La evaluación, en el archivo

El 23 de junio, Rozas presentó la evaluación como algo que también era para mi protección: «Inclusive, ello resulta importante hasta para la propia protección del presentante.» La vinculó con mi capacidad para querellar. Cuando archivó, mi declaración pormenorizada seguía pendiente y usó la evaluación para caracterizarme.
«de la entrevista que el denunciante mantuvo con las psiquiatras y psicólogas del CIJ, las especialistas llegaron a la conclusión de que el nombrado Kosciuk padecería de un trastorno paranoide de la personalidad, que si bien no le impide ser parte acusadora en esta causa, implicaría: [...] pueden ser litigantes y frecuentemente se ven envueltos en pleitos legales [...]»
Antes, el mismo archivo cita «los propios dichos del querellante frente a las médicas del gabinete psicológico y psiquiátrico del CIJ» como prueba de «actitudes violentas e inadecuadas».

¿Podía archivar así?

La facultad de archivar no elimina mis derechos durante la investigación. La Ley porteña 6115, vigente desde 2019, modificó el art. 38 del CPP CABA: reconoció mi derecho a aportar información y a ser escuchado, si lo pedía expresamente, antes de decisiones que extinguieran o suspendieran la acción penal. También reconoció el derecho a pedir revisión del archivo. Ese marco local debe examinarse junto con la orden incumplida de entrevistarme.
La Ley nacional 27.372 establece derechos de participación y no revictimización. Para esta denuncia de la Ciudad, la Ley 6115 aporta la regulación procesal local; no corresponde afirmar que solo tenía remedios posteriores al archivo.
El archivo se dictó el mismo día en que mi abogado avisó que no podía abrir el expediente. La declaración pormenorizada ordenada en mayo seguía pendiente; eso es distinto de decir que yo no hubiera enviado documentos o correos.

Preguntas

querella evaluacion-psiquiatrica archivo mpf00462972