Dictamen de Lapadú

MPF CABA

UNIDAD FISCAL OESTE

Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de agosto de 2020.

MPF 462972 (DEN 632469, DEN 641871 y DEN 641877) caratulado “HOSPITAL PIÑERO y otros s/infr. Art(s). 106 Párr. 3º y 248 CP”.

Dte: Nicolás Horacio Kosciuk.

I. Llega el presente caso a esta Fiscalía de Cámara en virtud de la oposición articulada por el Sr. Nicolás Horacio Kosciuk respecto del archivo decretado por el Sr. Fiscal, Dr. Juan Ernesto Rozas. Habilitada la revisión de la resolución de archivo en orden a lo normado por el art. 202 del CPPCABA, cabe señalar que la decisión a la que arribó mi colega de grado se fundó en las previsiones contempladas en el art. 199, inciso “a”, del CPPCABA II.

Ceñida mi intervención, adelanto que no haré lugar a la oposición planteada por cuanto sólo diviso la discrepancia por parte del solicitante respecto del temperamento adoptado, mas no una crítica que, a la luz de los elementos incorporados al legajo de investigación, permita arribar a una conclusión contraria .

En efecto, la hipótesis de que los hechos denunciados podrían ser subsumidos bajo las figuras de abandono de personas agravado por el resultado (art. 106 párr. 3º CP) e incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 CP), ha devenido inconsistente frente al plexo probatorio construido a partir de la tarea investigativa de mi colega de grado.

Particularmente, respecto de los dos hechos que fueron, prima facie, enmarcados bajo la primera figura mencionada, cabe puntualizar que en el marco del informe médico legal de fecha 10 de junio de 2020 la Dra. Laura Peretti concluyó, luego de un análisis de la historia clínica de la presunta damnificada, que “...

Según las constancias adjuntadas los profesionales del equipo de salud del

HOSPITAL PIÑERO se ajustaron a los principios que rigen la Lex Artis... ” [1].

Asimismo, cabe puntualizar que de tal dictamen también se extrae que “... No se puede definir con rigor científico si el traslado anticipado a un geriátrico (dependiendo de PAMI) y en la actual crisis de pandemia, hubiera podido revertir el desenlace fatal en el contexto clínico global que presentaba la paciente...”.

Respecto de los de dichas consideraciones, si bien en su oposición el querellante efectuó críticas en relación con el modo en que fue realizado el informe, no fundamentó el motivo por el cual dichas discrepancias debiesen prevalecer sobre el dictamen de una perito con conocimiento técnico sobre la materia.

En esencia la prueba pericial es el procedimiento regulado legalmente para obtener en el proceso conclusiones probatorias a través de los puntos de pericia fijados, tarea que ofrece un conclusión cuyos aspectos esenciales son la determinación de los puntos a considerar y del dictamen que se emite sobre ellos.

En consecuencia, y partiendo de las referidas conclusiones médico legales, no es posible precisar la existencia de una conducta que presente ni el nexo de causalidad ni el nexo de antijuricidad requerido por la faz objetiva de la figura en cuestión. Es que el delito de abandono de personas agravado por el resultado de muerte requiere, entre otros elementos, la creación de un riesgo prohibido, el cual debe materializarse en el resultado. Si no es posible determinar científicamente tal situación y que ésta sea la consecuencia de la conducta desplegada por los presuntos autores, no es posible acreditar el nexo causal, y si, a la par, los galenos respetaron las correctas prácticas de la ciencia médica, entonces tampoco se verifica ni directamente ni indirectamente (al impedir al querellante ingresar al nosocomio) la creación del riesgo requerido por la norma.

Sobre éste punto, nótese que ya la figura básica del abandono de personas se construye “ sobre la base y creación de un peligro concreto para la vida o la salud de la víctima ” [2]. Por ende, no alcanzaría con la creación de un riesgo abstracto, sino que el riesgo creado debe ser concreto. A partir de la lectura de los elementos incorporados al caso, no es posible a mi criterio abonar tal hipótesis.

No obstante ello, aún cuando se deprimiese la exigencia de tal condición de peligro, atento a que en el presente caso ni siquiera ha habido una violación a la lex artis, tampoco sería posible afirmar la tipicidad de la conducta, puesto que para la existencia de un riesgo abstracto relevante penalmente se requeriría de una violación a las pautas de la práctica médica [3].

A idéntica conclusión se arriba al estudiar los requisitos de otras figuras aplicables, como ser un delito de tinte imprudente, puesto que éstos al menos requieren de la existencia de una violación a un deber de cuidado que, a partir de lo informado por la perito interviniente, tampoco se ha dado. En suma, tomando como base de análisis la prueba recolectada, las conductas desplegadas por los presuntos sujetos activos del delito no encuentran encuadre legal en ninguna de las previsiones del ordenamiento penal vigente, ello sin perjuicio de los posibles reclamos civiles que pudiesen originarse a partir del los hechos denunciados.

Por otra parte, de la oposición efectuada no surge manifestación alguna en relación con el hecho que tuvo como denunciados a agentes de la Policía de la Ciudad, el cual también fue considerado atípico por el Sr. Fiscal.

En tal sentido, cabe que me remita a los argumentos brindados por mi colega de grado, quien efectuó un análisis pormenorizado de las piezas probatorias que dan cuenta de que frente a las diversas oportunidades en las que el denunciante solicitó asistencia policial, ésta le fue brindada. En concordancia con ello, y siendo que a partir de los elementos de prueba recabados no se desprende un actuar policial que cumpla con los requisitos objetivos y subjetivos que exige la figura prevista por el art. 248 CP, es que habré de mantener el temperamento conclusivo adoptado.

En orden a lo expuesto, dispongo:

CONFIRMAR el archivo dispuesto por el Sr. Fiscal Dr. Juan Ernesto Rozas.

DICTAMEN N° 946/P/FCO/2020

[1] Cfr. informe médico legal de fecha 10 de junio de 2020 (diligencia nro. 65790).

[2] Tazza Alejandro, Código Penal de la Nación Argentina Parte Especial Tomo I, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2018, p. 270. En similar sentido, Donna, Edgardo, Derecho Penal Parte Especial, Tomo I, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2001, p. 276 y ss.

[3] Respecto de la distinción entre el grado de peligro requerido tanto por los delitos dolosos como los imprudentes ver:

Puppe, Ingeborg, La distinción entre dolo e imprudencia, traducción de Marcelo A. Sancinetti, Editorial Hammurabi, Buenos Aires, 2010.

SERGIO MARTIN LAPADU FISCAL DE CAMARA slapadu@fiscalias.gob.ar 04/08/2020 15:15:06